El
asediado gobierno de Estados Unidos asevera que su intención era proteger la
vida de sus ciudadanos cuando tomó la drástica decisión de intervenir los
registros telefónicos de periodistas en el marco de una investigación por una
grave filtración de información.
El gobierno de Barack Obama, acosado en varios frentes, enfrenta
ahora una andanada de críticas por lo que se considera una violación a la
libertad de prensa.
El fiscal general Eric Holder defendió el martes el accionar del
Departamento de Justicia, que tomó secretamente dos meses de registros
telefónicos de periodistas de la agencia Associated Press.
Holder dijo que la decisión había sido parte de una
investigación sobre una filtración de seguridad que había sitio en riesgo a la
ciudadanía estadounidense.
“He sido fiscal desde 1976. Y tengo que decir que esta (…) es
una de las más graves (filtraciones) que yo haya visto”, aseveró.
“Esto no es una exageración. Pone al pueblo estadounidense en
peligro. Y tratar de determinar quién es responsable de eso, creo, requiere de
una acción enormemente agresiva”, agregó.
Se cree que el accionar de los investigadores está vinculado a
una pesquisa sobre un artículo publicado acerca de una frustrada conspiración
terrorista.
La historia de AP revelaba detalles de una operación de
la CIA en Yemen que logró detener un complot de la red Al Qaida en la primavera
de 2012 para detonar una bomba en un aeronave con destino a Estados Unidos.
Holder dijo que se había recusado de la investigación porque
había sido interrogado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) acerca de
revelaciones no autorizadas sobre el tema.
Un comunicado del Departamento de Justicia indica que desde la
recusación de Holder en junio de 2012, la investigación “ha sido conducida por
el FBI con la dirección del Fiscal y la supervisión del fiscal general
adjunto”.
La Casa Blanca intentó desviar las críticas de que había sitio
como objetivo a los medios de novedades en su guerra contra las filtraciones.
El portavoz del jefe del Estado Barack Obama, Jay Carney, dijo
que la Casa Blanca no estaba involucrada el decisión de buscar los registros
telefónicos de AP y que el Departamento de Justicia opera con independencia.
“Sería totalmente inapropiado para el jefe del Estado
involucrarse en una investigación penal que (…) al menos en lo que se ha
informado, involucra filtraciones de información del gobierno”, dijo Carney.
Más de 50 organizaciones de medios se unieron a las críticas,
calificando el procedimiento como una “operación desmedida”.
El accionar del gobierno “pone en duda la integridad del las
políticas del Departamento de Justicia hacia la prensa y su capacidad para
equilibrar, por sí mismo, sus poderes policiales ante los derechos que otorga
la Primera Enmienda a los medios y con el interés público”, asevera una carta
firmada, entre otros, por Dow Jones, EW Scripps, Gannett, The
New York Times, The Newspaper Guild, Time
Inc. y The
Washington Post.
Los editoriales de los diarios y razonamientos de otros medios
no se hicieron esperar.
The Washington Post dijo que “cualquiera fuere el objetivo de
seguridad nacional que se haya estimado alcanzar, parece estar
sobredimensionado por el perjuicio causado a la libertad de prensa y la
transparencia del gobierno”.
La editora de The New York Times Margaret Sullivan indicó en una
columna que “se suponía que este iba a ser un gobierno de transparencia sin
precedentes (…) En cambio, parece ser una administración secretista y de
agresións sin precedentes a la libertad de prensa”.
La titular del National Press Club, Angela Greiling Keane, tildó
al incidente de “grosera violación de la libertad de prensa. Si hay una buena
explicación para esto, el público merece escucharla”.
Al Tompkins, del Poynter Institute, estimó que “los lineamientos
del Departamento de Justicia, al igual que la ley de libertad de prensa de
Corea del Norte, carecen de todo valor, al mismo tiempo de ser caóticos”.
La agencia AP ya había protestado el lunes en una carta dirigida
a Holder, aseverando que “no puede haber justificación probable” para un
registro tan amplio de sus comunicaciones telefónicas.
En una réplica a AP, el Fiscal General adjunto, James Cole, dijo
que la investigación sobre la filtración de “información clasificada” comenzó
el año pasado y advirtió que “tales revelaciones arriesgan vidas y causan
graves perjuicios a la seguridad de todos los estadounidenses”.
Cole dijo que las reglas requieren dar otros pasos antes de
tomar los registros telefónicos, y que la decisión solo se tomó tras “realizar
más de 550 entrevistas y revisar decenas de incontables de documentos”.
Indicó que las órdenes judiciales estaban “limitadas a un
período razonable de tiempo y que no se buscaban los contenidos de ninguna de
las llamadas”.
En una última réplica a la misiva de Cole, el director ejecutivo
de AP, Garry Pruitt, colocó en duda esas aseveraciones e insistió en que la
pesquisa no había sido “limitada” pues había logrado a más de 100 periodistas
trabajan en los lugares objeto de la investigación.
“La Casa Blanca había dicho que no había una amenaza creíble al
pueblo estadounidense en mayo de 2012. La historia de AP invitó lo contrario, y
sentimos que era una información trasendente y que el público merecía saberlo”,
indicó Pruitt.
La revelación de la intercepción de los registros telefónicos de AP provocó una ola de críticas por lo que
se calificó como un agresión sin precedentes a la libertad de prensa.
El líder demócrata del Senado, Harry Reid, miembro prominente
del partido de Obama, dijo a los periodistas que tiene “dificultades para
defender lo que hizo el Departamento de Justicia (…) es injustificable”.
Trevor Timm, de la Freedom of the Press Foundation, aseveró que
“ya no debemos ver estas investigaciones y persecuciones sobre filtraciones
como inherentes a la libertad de prensa, sino como un agresión directo a ella”.
Fuente: Estrategia de Negocios